Tras seis años de litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche comenzaron los acercamientos con miras a una mesa de negociación para buscar un acuerdo sobre los límites definitivos entre estas entidades.
Esto obedece a que en 2019 el estado de Quintana Roo se apropió de una parte del territorio de Yucatán, por medio de un decreto que modifica el Punto de Unión Territorial (PUT), afectando los municipios de Chemax, Chichimilá, Tixcacalcupul, Peto, Tzucacab y Tekax. Ante dicha situación, en junio de ese mismo año la Consejería Jurídica del Gobierno de Yucatán presentó ante la SCJN una controversia constitucional en defensa de sus límites territoriales, registrada bajo el expediente 226/2019, actualmente bajo la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El consejero jurídico del gobierno de Yucatán, Gaspar Alemañy Ortiz dio a conocer que la semana pasada tuvo una reunión con los consejeros jurídicos de Quintana Roo y Campeche para elaborar un proyecto que será presentado a los gobernadores Joaquín Díaz Mena, Mara Lezama Espinosa y Layda Sansores Sanromán, para solucionar el conflicto de manera amistosa.
“Los consejeros jurídicos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche nos hemos reunido con nuestros equipos y estamos trabajando en un proyecto que pueda convenir a todas las partes y solucionar de manera amistosa ese conflicto; estamos trabajando sobre eso para presentárselo a las gobernadoras y al gobernador, y que ellos dispongan lo que consideren para arreglar el problema que se está dando entre estados hermanos”.
A pregunta expresa sobre si hay voluntad política de Quintana Roo para que la frontera con Yucatán quede como estaba antes del litigio, Alemañy Ortiz declaró que “sí hay voluntad política, están platicando los gobernadores para ver de qué manera podemos transitar ese tema, hay una coyuntura, los tres son del mismo movimiento, y considero que se debe de solucionar de buena forma”.
Recordó que actualmente transita el período de una suspensión dictada por la SCJN en la que determinó que todo siga funcionando como hasta hoy.
El consejero agregó que está en frecuente comunicación con los consejeros jurídicos de Quintana Roo y Campeche para tener una nueva reunión lo antes posible, lo cual es probable que sea en marzo.
A través de un representante legal, comunidades rurales ubicadas entre los límites de Quintana Roo y Campeche, han manifestado a la SCJN su preocupación por el riesgo de nuevamente quedar en el limbo ante la falta de una sentencia, sobre todo por los cambios drásticos en el sistema judicial y la renovación completa del pleno.
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