El Congreso de Yucatán dio luz verde a una reforma constitucional que permitirá a la ciudadanía elegir, a través del voto, a los jueces y magistrados del estado. Con esta medida, aprobada por unanimidad, se busca transformar el sistema judicial garantizando mayor transparencia e independencia en la impartición de justicia.
El diputado Wilmer Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, resaltó que la aprobación de esta reforma es el resultado de un trabajo en conjunto entre los diferentes grupos parlamentarios. Indicó que este logro no es de un solo partido, sino un beneficio directo para la sociedad yucateca.
Además, subrayó que esta medida representa el primer paso para fortalecer el acceso a la justicia en el estado, eliminando trabas en los procesos judiciales y asegurando que las designaciones en el Poder Judicial sean más democráticas.
El dictamen aprobado también incluyó propuestas de modificación presentadas por el legislador Alejandro Cuevas Mena, quien logró que sus planteamientos fueran incorporados a la versión final del documento.
Desde el PAN, el diputado Roger José Torres Peniche expresó su apoyo a la reforma y reconoció el esfuerzo de todas las fuerzas políticas para llegar a un consenso. Afirmó que, en esta ocasión, se dejó de lado cualquier interés partidista para enfocarse en lo que más conviene a la ciudadanía.
El diputado Gaspar Armando Quintal Parra, del PRI, destacó que esta reforma es una muestra de respeto al mandato del Congreso Federal. Enfatizó la importancia de la democracia deliberativa, que no solo se basa en la decisión de la mayoría, sino también en el análisis y la inclusión de diferentes perspectivas.
Por su parte, el legislador Javier Renán Osante Solís, de Movimiento Ciudadano, señaló que esta modificación al sistema judicial marcará un antes y un después en la forma en que se imparte justicia en Yucatán. Explicó que la elección directa de jueces y magistrados es una medida clave para fortalecer la participación ciudadana en el sistema judicial.
Con esta aprobación, Yucatán se alinea con la reforma constitucional federal del 11 de septiembre de 2024 y cumple con el plazo de 180 días establecido para ajustar su normativa estatal a los nuevos lineamientos nacionales.
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