La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que “Combatir las violencias contra las mujeres es una lucha permanente en la que podemos converger las instituciones del Estado, las colectivas feministas, academia, organizaciones de la sociedad civil. Este delito que afecta a miles de mujeres nos debe llamar a erradicar la violencia feminicida”.
Durante la presentación de la propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de Feminicidio, Godoy Ramos destacó que desde la FGR “reconocemos con plena conciencia que hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas”. Agregó, que es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social.
Mencionó que desde las instituciones “que trabajamos el proyecto de ley, que lo hicimos la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República, partimos del presupuesto de que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos”.
Dijo que es importante enfatizar que esta propuesta impulsa la construcción de un marco jurídico que permita homologar el tipo penal en el que se reconoce, ahora con nueve razones de género tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencia, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras.
“Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Estamos buscando homologar los protocolos de investigación en todo el país para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio”, dijo.
Finalmente destacó que el delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio, además de que existe una obligación de investigar con la debida diligencia en forma reforzada. “Para ello se establece la homologación de protocolos especializados de actuación que deberán ser aplicados por todas las autoridades responsables de la procuración de justicia. Estos protocolos deben incorporar la perspectiva de género, la debida diligencia, el análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y la coordinación entre las instituciones”, refirió.
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