La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó, con 27 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Ley General de Salud para prohibir por completo la venta, distribución y comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores.
El proyecto, derivado de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, crea un nuevo capítulo en la ley para establecer la prohibición absoluta de obtener, fabricar, importar, exportar, almacenar o vender estos dispositivos, así como de realizar cualquier tipo de publicidad relacionada.
También incorpora sanciones penales que van de 1 a 8 años de prisión y multas que pueden alcanzar hasta 2 mil UMAs para quienes incumplan la norma.
El dictamen señala que los vapeadores representan un riesgo sanitario emergente, especialmente para adolescentes, y que su comercialización ha ocurrido sin control, con productos que incluso contienen sustancias tóxicas no declaradas.
“Esta iniciativa busca cerrar vacíos legales que han permitido la expansión del mercado informal y fortalecer la capacidad de acción de la autoridad sanitaria”, dijo el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella
La reforma también contempla otras medidas para modernizar el sistema de salud, como atribuciones ampliadas para COFEPRIS, regulación de hemoderivados, impulso a la salud digital y lineamientos para la adquisición consolidada de medicamentos y equipo médico.
Con la aprobación en Comisión, el dictamen será turnado al Pleno para su discusión y eventual votación.
DIPUTADOS INSTALAN COMITÉ DE ÉTICA
Con un llamado a frenar excesos y mejorar la conducta en el Pleno, la Cámara de Diputados instaló el Comité de Ética de la LXVI Legislatura, en donde el presidente del nuevo órgano, Jaime Humberto Pérez Bernabé, pidió a los grupos parlamentarios privilegiar el diálogo y actuar con respeto, transparencia y profesionalismo, al recordar que “México observa nuestro comportamiento”.
Legisladores de todas las bancadas coincidieron en que el Comité llega tarde, pero es necesario para evitar que los debates deriven en ofensas, desorden o conductas que dañen la imagen del Congreso.
Desde PT, MC, PAN, PRI y PVEM reconocieron que no debe ser un órgano punitivo, sino una instancia que marque límites claros y fomente la responsabilidad pública.
Invitados como la defensora de audiencias del Canal del Congreso, María Gabriela Ortiz, remarcaron que la instalación contribuirá a fortalecer la transparencia y recordó que recientemente se recibió una queja por expresiones discriminatorias en el Pleno.
Al cierre del evento, legisladores participaron como testigos y apuntaron que la ética no es un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana que exige integridad incluso en los momentos de mayor presión.
