La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó una motivación política detrás de la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, acusado por la Fiscalía de formar parte de una red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos, y aseguró que el caso deriva de una investigación iniciada hace un año.
«Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año», afirmó la mandataria al responder a las críticas de dirigentes opositores, entre ellos el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), quien cuestionó la captura del exgobernador del partido conservador PAN.
La gobernante mexicana recordó que el propio Calderón había señalado años atrás presuntos vínculos de Ruffo con actividades ilícitas.
«Calderón tiene algunas publicaciones en el 2017 en contra del exgobernador acusándolo de vínculos con una organización delictiva», señaló.
Sheinbaum explicó que la investigación comenzó tras el hallazgo de varios carros tanque de ferrocarril en Coahuila (norte) que transportaban combustible presuntamente introducido al país mediante documentación falsa para evadir impuestos.
«Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos», expuso.
Añadió que este esquema es conocido como «huachicol fiscal», aunque sostuvo que en realidad se trata de «contrabando de combustible», debido a que el hidrocarburo ingresaba desde Estados Unidos sin cubrir las contribuciones correspondientes.
Según la mandataria, las pesquisas federales permitieron identificar a la empresa importadora involucrada y establecer vínculos con Ruffo Appel.
«La empresa que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible es socio mayoritario el exgobernador. Es así de directa», sostuvo.
No obstante, enfatizó que corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal del exgobernador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el jueves que desarticuló una red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible que habría causado un daño al erario superior a 4.000 millones de pesos (unos 230 millones de dólares).
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