Tres personas fueron detenidas en Yucatán por su presunta participación en el tráfico ilegal de animales silvestres, entre ellos ejemplares de especies en peligro de extinción.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las personas ya fueron vinculadas a proceso por transportar fauna protegida sin autorización, un delito grave contemplado en el Código Penal Federal.
De acuerdo con la FGR, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), el juez de control con sede en Yucatán vinculó a proceso a Ariel “N”, Bianca “N” y María “N”, por su presunta responsabilidad en delitos contra la biodiversidad.
La investigación se abrió luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado los detuvieran mientras trasladaban especies animales catalogadas como protegidas o en riesgo de extinción.
En el operativo, las autoridades rescataron un total de 22 ejemplares de fauna silvestre:
- 1 mono araña (Ateles geoffroyi), clasificado como en peligro de extinción.
- 11 loros frente blanca (Amazona albifrons), bajo categoría de protección especial.
- 8 loros corona azul (Amazona farinosa), también en peligro de extinción.
- 2 loros cachetes amarillos (Amazona autumnalis), una especie amenazada.
Además, durante la detención, también se les confiscaron cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, lo que representa un delito federal adicional.
El juez de control determinó que los tres implicados enfrentarán el proceso en libertad, pero bajo la condición de presentarse periódicamente ante la autoridad. La FGR informó que se abrió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
En México, el tráfico de especies silvestres es un delito federal contemplado en el Artículo 420 del Código Penal Federal, el cual establece penas de:
- Uno a nueve años de prisión
- De 300 a 3 mil días de multa, para quienes transporten, capturen, posean o comercien especies en peligro de extinción, amenazadas o bajo protección especial.
Cuando el delito se comete con violencia o utilizando armas, las sanciones pueden incrementarse hasta en una mitad. Por su parte, la posesión de cartuchos reservados al Ejército está penada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y puede acarrear hasta 5 años de cárcel adicionales.
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